Directiva de retorno bajo la mirada de las mujeres inmigrantes indocumentadas

La directiva de retorno aprobada el 18 de junio pasado por el Parlamento Europeo con el voto de España, ha sido un paso atrás en cuanto a garantías de los derechos y protecciones fundamentales de las personas inmigrantes indocumentadas. Un atentado contra los derechos humanos que da un tratamiento de delincuentes a personas que sólo quieren vivir en mejores condiciones que en sus paises de origen.

Entre las medidas regresivas más importantes está la repatriación al país de origen o a otro de “tránsito”, el internamiento en centros por un período de hasta un año y medio y la prohibicíon de volver al país de donde han sido espulsadas y la espulsión de los menores no acompañados a países diferentes de los de origen.

Pero si bien diferentes paises y organizaciones han mostrado su rechazo a esta directiva, a la cual ya se denomina la directiva de la vergüenza, no se ha hablado todavía más que de los derechos de los inmigrantes, sin tener en cuenta que las mujeres inmigrantes son más del 50% del total de inmigración mundial.

La globalización no afecta de igual forma a mujeres y hombres. La variable de género imprime características peculiares en la migración femenina, dejando a las mujeres en una situación especialmente vulnerable ya que, o bien no se contemplan como trabajadoras por haber venido por reagrupación familiar, bien porque los sectores donde trabajan son difíciles de evaluar y controlar respecto derechos humanos.

La inmigración femenina es creciente y las mujeres son las más afectadas por la precariedad laboral. El acceso de las mujeres inmigrantres al mercado de trabajo se hace dentro de la denominada economía informal (servicio doméstico, cuidadoras, talleres textiles, agricultura, etc). La situación de irregularidad administrativa es mayor en las mujeres que en los hombres, lo cual las hace vulnerables para sufrir abusos y explotación laboral e invisibles al mundo.

Las mujeres inmigrantes indocumentadas sufren doble discriminación: como inmigrantes sin papeles no son ciudadanas, como trabajadoras, al estar en situación irregular no disfrutan de los mismos derechos que el resto de trabajadores. La posibilidad de regularizar su situación, al depender de un permiso de trabajo, no puede acabar con la discriminación.

Pero tampoco podemos olvidarnos de las víctimas de la explotación sexual y trata de personas. De las mujeres y menores que son secuestradas, amenazadas o engañadas para ponerlas a ejercer la prostitución o para trabajar en talleres ilegales en condiciones inhumanas.

Las mujeres prostituídas -como las inmigrantes indocumentadas- son víctimas anónimas de la violencia de género y especialmente vulnerables, dependientes de las redes del mercado del sexo.

En el negocio de la prostitución han habido cambios en los últimos años, las mujeres prostituídas autóctonas son una inmensa minoría al lado de las extranjeras en aquellos países que presentan un aumento creciente de inmigración. Las empresas dedicadas a la industria del sexo han proliferado, junto al mercado del sexo en condiciones de exclavitud donde mujeres y menores son objetos traficados por criminales en redes internacionales.

Las políticas migratorias europeas que sólo tienen en consideración el mercado de trabajo y la inmigración legal con contratos en los países de origen legitiman el tráfico de personas, al dejarlas como meros elementos productivos.

Por último, està comprobado que cuando las medidas de control de inmigración son más restrictivas y discriminatorias, las redes internacionales de tráfico adquieren el protagonismo captando mujeres y menores para prostituirlas y explotarlas en talleres ilegales.

Macu Gimeno