Ni un paso atrás en igualdad. Por una alianza para el cambio social en pro de la igualdad entre hombres y mujeres

España se encuentra en una situación excepcional en la que las expectativas de igualdad entre hombres y mujeres son mayores que las existentes en ningún otro momento histórico y en la mayoría de los países de nuestro entorno. La consecución de la igualdad está en el primer plano de la agenda política y cuestiones antes relegadas, como la violencia de género o la desigualdad en los salarios y en el empleo, son hoy percibidas por la ciudadanía como graves problemas a resolver. Nuestro sistema de bienestar social, infra-dimensionado por razones históricas, está en condiciones de situarse a la altura del desarrollo económico adquirido por nuestro país. El gasto social español, en relación con el PIB, nos coloca a la cola de la Unión Europea, por lo que el gobierno está impulsando una serie de medidas para satisfacer necesidades hasta ahora desatendidas y para intentar paliar los importantes desequilibrios que padece nuestro mercado laboral.

Pero ¿cómo se resuelven estos problemas? Es necesario y urgente abordar el debate sobre la orientación que debe darse a la política social pues, de lo contrario, corremos el riesgo de seguir manteniendo y/o potenciando la desigualdad en la corriente principal de las políticas públicas y, a la vez, destinando partidas de gasto cada vez más cuantiosas a paliar las consecuencias de dicha desigualdad. Esta orientación, además de ser injusta e ineficaz, es una fuente de ineficiencias en el gasto público con perniciosas consecuencias para la economía en su conjunto. ¿No sería más lógico dirigir las políticas a eliminar las causas de la desigualdad?

Aumentar el gasto público en protección social no es suficiente, pues un elevado nivel de gasto no es garantía de una mayor igualdad de género. Hoy sabemos que hay partidas que tienen un impacto negativo en este sentido, como son las que, intencionadamente o no, potencian la permanencia de las mujeres en el hogar. La igualdad pasa por la incorporación de las mujeres al empleo de calidad en las mismas condiciones que los hombres, lo que exige un reparto igualitario del trabajo doméstico y de cuidados entre ambos sexos. Este modelo de familia de dos sustentadores/dos cuidadores implica una reorientación de todas las políticas públicas. En la actualidad, dichas políticas están basadas en una idea de familia constituida por un sustentador masculino y una esposa dependiente. A la mujer se la considera responsable del trabajo doméstico y del cuidado de los hijos y mayores, supeditando su inserción laboral a esas tareas, mientras los hombres se especializan en el trabajo asalariado y, si acaso, ‘ayudan en casa’ de forma accesoria.

No hay argumentos económicos que sustenten las resistencias al cambio. Sólo desde posiciones irracionales se puede defender la actual configuración y distribución de roles en el ámbito familiar. La especialización de las mujeres en el trabajo doméstico, que supone despilfarrar una parte sustancial de nuestro capital humano, no solamente es perniciosa para ellas sino también para la economía. Este sistema es mucho más costoso que la provisión de servicios públicos y la implantación de medidas para que los hombres compartan el trabajo doméstico, sobre todo considerando que, además, muchas mujeres se ven actualmente dependientes de la asistencia social de por vida. Las mal llamadas ‘políticas de fomento de la natalidad’, consistentes en incentivos para la retirada de las madres del mercado de trabajo a cambio de prestaciones económicas, no consiguen su objetivo. Países como Alemania, que dedican muchos recursos a estos programas, ven descender en caída libre su tasa de fertilidad. No es de extrañar, pues las mujeres europeas tienen ya unos niveles de libertad, de formación y de asunción de la igualdad que las lleva a rechazar el alto precio de la dependencia que el modelo actual les impone por el hecho de ser madres. Por el contrario, los únicos países que han conseguido mantener la natalidad de las mujeres no inmigrantes en las últimas décadas son los países que, como Suecia, proporcionan instrumentos para que las madres permanezcan en el empleo de calidad y para que los padres asuman su parte en el cuidado de los hijos y las tareas domésticas. Los países que han optado por el modelo de igualdad de roles han conseguido, además, ser los primeros en el ranking de competitividad, aunque en todos quede aún un largo camino que recorrer. Sin embargo, contra toda esta evidencia empírica, son todavía muchos los que quieren dar marcha atrás a la rueda de la historia.

Las autoridades españolas declaran una y otra vez que la igualdad entre hombres y mujeres es una cuestión de justicia y de eficiencia económica, pero se olvidan de este objetivo en la reforma del IRPF, en la reforma laboral o en la Ley de Dependencia. Sólo se discute sobre igualdad cuando se diseñan políticas específicas, las llamadas ‘políticas de igualdad’, las cuales representan una ínfima parte del presupuesto público y a veces incluso incorporan medidas que siguen fomentando comportamientos diferenciados por sexo. La individualización del IRPF se reconoce como necesidad en el proyecto de ley de reforma del IRPF, pero no se aborda. El permiso de paternidad, tan necesario para que los hombres asuman su parte en el cuidado de los hijos y para que la sociedad en su conjunto entienda que este cuidado es responsabilidad de ambos progenitores, se sobreestima en coste y se deja en una duración minúscula, sin plantear el objetivo de igualdad entre permisos de padres y madres. Se sigue sin dedicar atención a los servicios de educación infantil. A la vez, se aumentan los permisos por maternidad, las excedencias y las facilidades para que las mujeres abandonen el trabajo asalariado por cuidar a niños y personas dependientes, como las previstas en el Plan Concilia, en la Ley de Igualdad y en el artículo 18 de la Ley de Dependencia.

En la reforma laboral en curso se van a dar facilidades para la conversión de contratos fijos en indefinidos pero, ¿qué empresario va a querer hacer contratos indefinidos a las mujeres? Mientras los empresarios tengan cada vez menos obligaciones con los hombres y cada vez más obligaciones con las mujeres, seguirá aumentando la discriminación salarial y las diferencias por sexos en todos los indicadores de precariedad, desempleo, temporalidad y subempleo. Los planes de igualdad no conseguirán contrarrestar las desigualdades introducidas por las supuestas ventajas ofrecidas a las mujeres, ventajas que en realidad no son para ellas sino para sus familias a cambio de que ellas se sacrifiquen. En otro momento histórico, y en países con mercados de trabajo fuertemente regularizados como Noruega, fue posible establecer políticas diferenciales para hombres y para mujeres (las llamadas ‘women friendly policies’) de tal manera que las mujeres cuidaran de los hijos por un tiempo sin perder totalmente su inserción laboral. Pero en el mundo actual de los mercados de trabajo desregularizados esta vía es altamente costosa e ineficaz. No podemos perder de vista la experiencia y la situación internacional para valorar el efecto de unas y otras políticas.

Ha llegado la hora de que la sincera preocupación que existe en la sociedad por estos temas cristalice en una reforma de nuestro sistema de organización social que apueste decididamente por la igualdad de género. Ello significa reorientar las prioridades del gasto público, progresivamente pero sin dar ni un solo paso en la dirección contraria, para conseguir:

• La asunción del objetivo de permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, con la misma parte obligatoria para el padre que para la madre, y el establecimiento de una hoja de ruta hasta su plena consecución.
• La individualización total del IRPF, con la eliminación de todas las desgravaciones por esposa dependiente en la forma actual (declaración conjunta) o en cualquier otra posible.
• Que las prestaciones y/o desgravaciones para el cuidado no estén, en ningún caso, condicionadas a la inactividad laboral de la persona cuidadora. Esto implica la retirada del art. 18 del Proyecto de Ley de Dependencia y de las extensiones de las excedencias para el cuidado previstas en el Proyecto de Ley de Igualdad.
• Medidas urgentes para que el sistema público de educación infantil de 0 a 3 años alcance el objetivo planteado por la Unión Europea de un 33% de cobertura en 2010 (actualmente es del 8%), y un plan para llegar en un plazo razonable a la cobertura de países como Suecia, que ya supera el 50%.

Hoy es posible emprender en España el camino de la igualdad. Nos jugamos mucho, pues las oportunidades históricas no se presentan todos los días, ni duran eternamente. Hoy la sociedad española atisba la posibilidad de la igualdad y está a favor de ella, pero cuando las diferencias se sedimentan y un modelo de desigualdad se instala, es mucho más difícil reformarlo. Apliquemos las energías de este singular momento a impulsar los cambios necesarios para que nuestro país sea verdaderamente pionero en igualdad y en competitividad económica. Esta es la responsabilidad histórica a la que nos enfrentamos.